Formas de Financiación
Por Luis Jiménez Borra
Un antiguo planteamiento político, sentencia: “todas las formas de poder, tienen algún lado oscuro”- y esto, ha sido con frecuencia, aplicado a los partidos políticos. Concretamente a sus aspectos financieros, los mismos que la democracia moderna, considera esenciales para asegurar que las colectividades ideológicas, cumplan adecuadamente su rol en el acontecer social.
Al margen de factores externos establecidos por normas legales, debe tenerse en cuenta que internamente, el manejo de las finanzas, genera una fuente de poder, que llevando la pugna política a impropios niveles netamente económicos puede alterar significativamente los resultados electorales y de ese modo, la representatividad de una comunidad política que, de hecho, gravita en el acontecer nacional en proporciones eventualmente variables.
El día a día de un partido político, exige la administración de un presupuesto que puede provenir de las siempre débiles contribuciones de los asociados, o bien de los significativos aportes que al imperio de la ley, hacen los gobiernos en turno. Existe sin embargo, una alternativa mixta, que asegura el mantenimiento cotidiano de la organización partidaria, así como las eventuales campañas publicitarias que deberá realizar en aras de su participación en los diversos procesos electorales.
La financiación directa y exclusiva del poder establecido, está legalmente reconocida en todas las democracias modernas, en reconocimiento del rol trascendental que cumplen los partidos, como entes representativos de colectividades ideológicas organizadas y proponentes.
No obstante, el análisis del acontecer diario, cuestiona tal exclusividad, en función del establecimiento de una posible dependencia partidaria con respecto de su ente financiado, lo cual desnaturalizaría la función y el destino, de un colectivo de representatividad ciudadana. Por eso, las corrientes innovadoras que van forjando los liderazgos futuros, abogan por una financiación mixta (Estado-Fuentes Privadas), que equilibre el poder económico, liberando a los partidos de la posible dependencia de fuentes oscuras, que pudieran desnaturalizar la función político social que deben cumplir las entidades políticas organizadas, frente a sus militantes y simpatizantes ideológicos, a quienes deben representar y defender en las tensiones propias del tejido social.
Originalmente,
Lamentablemente, la distorsionada difusión de esta norma legal, la hizo impopular, retardando así su aplicación que debió hacerse a partir de enero del 2007 según su artículo Nº 29.
Este defecto, debería subsanarse a breve plazo, pues la no aplicación de esta ley específica debilita a las organizaciones partidarias, dando la razón a quienes sostienen que “los partidos no merecen el aporte estatal” y favoreciendo la vigencia de un escenario negativo para el desarrollo de la cultura cívica y la modernización de nuestra aun endeble democracia.
En suma, para el financiamiento indirecto, no es exigible la representación parlamentaria. Desde los treinta hasta los dos días previos a las elecciones generales, los partidos tendrán acceso gratuito a los medios de comunicación -radiales, escritos y televisivos– ya sean estatales o privados, mediante el uso de la llamada “franja electoral”. Además, en épocas no electorales, los medios de comunicación estatales, están obligados a otorgar cinco minutos mensuales a cada partido con voz y voto en el Congreso, a fin de que sus representantes puedan comunicarse con la opinión pública.
En lo que se refiere a la financiación privada, la ley permite la aportación de los afiliados, además de la que procede de actividades propias de cada partido, hasta las 30 UIT’ s al año, en el caso de no poder identificarse a los aportantes.
La conclusión que podemos extraer de este somero análisis es que si anhelamos el fortalecimiento de un real sistema de partidos, que anule el surgimiento de “outsiders”, o presuntos “salvadores de la patria”,-cuya demencial conducta, hemos sufrido hasta el hartazgo– resulta ineludible reforzar la institucionalidad de las colectividades ideológicas, concediéndoles los medios que permitan su existencia y desarrollo.
Los partidos políticos, son en última instancia las entidades sociales, destinadas a impulsar el desarrollo del país, asegurando la representatividad ciudadana y cautelando su inalienable derecho a expresar sus opiniones sin temor y en libertad absoluta.
