La semana pasada llegó a mis manos un artículo del diario “El Clarín” de Argentina donde se informaba que, de todos los partidos, sólo la Unión Cívica Radical había realizado elecciones internas para elegir a sus candidatos a las elecciones nacionales del 28 de Junio próximo. El resto de partidos realizó medidas excepcionales tales como listas únicas de “consenso”, que reducen el poder del afiliado y aumenta el de los caudillos y el dinero.
En nuestro país la situación no es distinta, muy pocos partidos realizan elecciones internas para elegir candidatos o dirigentes, incluso podemos afirmar que casi ninguno lo hace sin conseguir el reconocimiento positivo de sus propios militantes. Para ello sustentamos nuestra posición en algunos elementos. En primer lugar, los Tribunales Electorales no son elegidos democráticamente, por el contrario, son designados por la cúpula partidaria, que si bien puede entenderse como un método para asegurar que existan militantes calificados, debería considerar una configuración mixta entre elegidos y designados que indudablemente tendría mayor legitimidad ante la militancia.
Otro elemento importante es la organización de las elecciones. En el Perú, la Ley de Partidos establece la posibilidad de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales participe en estos procesos de manera facultativa, previa invitación del partido, cosa que lamentablemente sucede rara vez. Sería saludable que esto cambie y que incluso participen otras instituciones que, a manera de observadores, generen una mayor garantía de la imparcialidad en el proceso.
En este contexto, debemos tener en cuenta a los padrones partidarios que contienen la inscripción de los militantes y que constituyen el filtro de participación cuando las elecciones internas son cerradas. Su publicación no debería ceñirse únicamente a los periodos electorales y cualquier modificación debe estar fundamentada y difundida adecuadamente al interior de la militancia. Esto debe ir de la mano con una regulación electoral transparente y pública, a fin de dotar al proceso electoral interno de la legalidad y legitimidad que se requiere.
Si somos conscientes de la desconfianza que la “clase política” genera en la mayoría de los ciudadanos, al punto que los afiliados a los partidos políticos son casi un margen de error en las encuestas, es imprescindible que los dirigentes políticos entiendan que sin elecciones transparentes que afirmen la democracia interna, los partidos políticos seguirán siendo poco representativos y populares para la población.
En suma debemos promover la existencia de tribunales electorales legítimos, la participación de organismos imparciales a manera de veedores y reglas de juego claras, que permitirán que los partidos políticos, sean realmente los interlocutores por excelencia entre la ciudadanía y el poder político, y no pierdan su papel convirtiéndose en minorías que sólo reciban respaldo por una cuestión de descarte, donde el voto obligatorio resulte en una carga para electores poco convencidos en su propia elección interna.
